El momento que eligió Martín Guzmán para renunciar al Ministerio de Economía opacó algunas de las definiciones que dejó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su discurso en Ensenada.
“Lo charlé mucho con Juan Grabois y creo que tenemos que empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico”, apuntó el fin de semana, jerarquizando una vez más la idea de generar un mecanismo para garantizar un ingreso permanente y llevar tranquilidad a un grupo de la población que hoy se encuentra desprotegido.
La pobreza, la
indigencia y la informalidad laboral, que se profundizaron con la
pandemia, tienen un denominador común, que es la incertidumbre. En este
contexto, un grupo cada vez más grande de organizaciones sociales,
sindicatos, legisladores a los que ahora se suma públicamente la
vicepresidenta de la Nación volvieron a poner en agenda la necesidad de
ampliar el sistema de seguridad social mediante la implementación de una
prestación monetaria mensual para personas de bajos ingresos sin
ocupación plena, cuentapropistas o trabajadores de la economía informal.
Por ley o por decreto
La propuesta que tracciona el Frente Patria Grande dentro del Frente de Todos, con apoyo de la Cámpora y ahora de Cristina Fernández de Kirchner, tiene un diseño concreto que está plasmado en un proyecto de ley que un grupo de diputados presentaron hace dos meses en el Congreso y aún no fue tratado en comisiones. Aunque “puede avanzar por ley pero también por decreto, porque no hace falta necesariamente una ley“, aclara el diputado Itai Hagman, uno de los abanderados del proyecto. En el Congreso, la iniciativa fue impulsada por el propio Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Federico Fagioli del Frente Patria Grande
En el texto de la norma aseguran que el SBU es una prestación monetaria no contributiva que equivaldría al monto de una Canasta Básica Alimentaria de un adulto, que en mayo fue de 14.400 pesos, y alcanzaría para establecer una base de ingresos para que la gente pueda ocuparse de formarse, terminar el colegio, o incluso conseguir otros empleos teniendo por lo menos un plato de comida asegurado. “Nuestro país tiene políticas de transferencias de ingresos dispersas y superpuestas. Se mezclan políticas de ingresos con otras de apoyo al empleo en la economía popular, ambas necesarias. Un Ingreso Universal permitiría transparentarlas, diferenciarlas y hacerlas más eficientes”, explicó Hagman.
El público objetivo será quienes tengan entre 18 y 64 años y estén desocupados, sean monotributistas categoría A, trabajadoras de casas particulares, trabajadores agrarios, asalariados informales y asalariados formales pero pobres, es decir con un ingreso equivalente a monotributistas de categoría A. La premisa es ampliar el sistema de seguridad social, que cuenta con una protección muy amplia en niños y adultos mayores, pero con un gran déficit para la población de entre 18 y 65 años sin hijos, pobres o de clase media baja sin patrimonio ni ingresos fijos. Uno de los requisitos para percibirlo es no cobrar prestación por desempleo, Potenciar Trabajo ni Tarjeta Alimentar.
Según los cálculos que hace el equipo del Frente Patria Grande, la población objetivo sería de 7,5 millones de personas, un número en linea con la cantidad de beneficiarios de Refuerzo de ingresos otorgado este año. “El SBU cubriría al 27 por ciento de la población adulta de 18 a 64 años, con un elevado nivel de cobertura sobre la población inactiva, desocupada y asalariada no registrada“, explica un informe de Ocepp, el observatorio económico del que participa Hagman
El costo fiscal bruto anual que demandaría el proyecto podría ascender al 1,8 por ciento del PIB. Sin embargo, al restarle el gasto de otros programas que absorbería el SBU y también el retorno fiscal que se generaría por el consumo -y entonces los impuestos- que generaría el uso del dinero, el costo se reduciría más de la mitad, a 0,7 por ciento del PIB, o 304.877 millones de pesos.
Fuente:Página12
