La “inmensa mayoría” de los haberes recibirá en marzo un incremento mayor al 11,6 por ciento, que era el monto fijado por la movilidad del gobierno anterior, que quedó suspendida. Los ajustes serían por suma fija.
El Gobierno definió que “la inmensa mayoría de las jubilaciones” tenga en marzo un aumento superior al 11,6 por ciento, que era el porcentaje que hubieran recibido con la ley de movilidad de la administración anterior. Para las jubilaciones mínimas, eso significa que el incremento será mayor a 1631 pesos, el 11,6 por ciento de ese haber, que se ubica actualmente en 14.068 pesos. Los aumentos se fijarán por decreto, luego de que la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva suspendiera la fórmula de movilidad del gobierno de Mauricio Macri. El titular de la Anses, Alejandro Vanoli, adelantó en declaraciones periodísticas que el aumento será “probablemente” una suma fija y no porcentual, con el objetivo de que signifique una suba mayor para los jubilados que cobran la mínima. El incremento será también más alto del 11,6 por ciento para haberes que superan el haber mínimo.
“La suma fija es por el criterio instruido por Alberto Fernández de que las jubilaciones, especialmente las más bajas y las de los sectores más castigados, mantengan su poder adquisitivo”, aseguró Vanoli en Casa Rosada, tras la firma de un convenio entre el Gobierno nacional y La Pampa por deudas previsionales. El objetivo de la suma fija es lograr un mayor impacto en los haberes mínimos, pero sin descuidar las cuentas fiscales, indicó el titular de la Anses. “Teniendo en cuenta la realidad fiscal, que es muy compleja, queremos que los aumentos tengan viabilidad, sin agravar la situación en un momento difícil”, agregó.
No es la primera vez que el Gobierno adelanta que el próximo aumento será una suma fija. “En marzo habrá un nuevo aumento a los jubilados con suma fija”, había dicho en diciembre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. De esta forma, aclaró que lo que se suspendió fue la fórmula de cálculo de los aumentos, pero no así las subas. “Estamos trabajando para que los jubilados que estén peor, estén mejor”, había dicho. La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, aprobada a fines de diciembre, estableció la suspensión de la actualización automática de los haberes jubilatorios e instruyó al Poder Ejecutivo a aprobar los próximos aumentos por decreto.
Fuentes oficiales informaron que el objetivo de dar una suma fija es redistribuir a favor de los sectores con menores ingresos. Aseguraron que la suba de marzo no será la única medida a favor de los jubilados, porque también fueron beneficiados directamente por tres medidas: la baja del 8 por ciento en el precio de los medicamentos; el bono de hasta 5000 pesos otorgado en diciembre y enero para haberes de hasta 19.000 pesos y la reducción de tasa de los créditos de la Anses y la suspensión de las cuotas hasta marzo. Pero además, desde el Gobierno destacan que hay políticas que indirectamente inciden en la previsión. “Las políticas macroeconómicas pueden ayudar a recuperar los haberes, eso se olvida”, afirmaron. Como políticas macroeconómicas destacan la estabilidad cambiaria, el congelamiento de las tarifas de transporte y de servicios públicos y el relanzamiento de Precios Cuidados. Además, en los próximos días la AFIP implementará el reintegro de dinero en compras realizadas con tarjeta de débito en alimentos, que será para jubilados que perciben la mínima.
La gran incógnita es qué va a pasar con los reclamos judiciales de quienes eventualmente perciban menos del 11,6 por ciento en marzo. Entre los abogados previsionales hay distintos puntos de vista. Coinciden en que habrá juicios, pero hay diferencias en cuanto a si esos juicios resultarán favorables. “Todo va a depender de qué tan grande sea el perjuicio en términos económicos”, aseguró el abogado Federico Bobrovsky. “Si dar menos movilidad de la que corresponde se repite en el tiempo, sumado a lo que ya se perdió durante el macrismo y si, encima, empiezan a mejorar los salarios pero los haberes quedan retrasados, pueden generarse las condiciones para un nuevo caso Badaro”, agregó.
Por su parte, el abogado Guillermo Jauregui consideró que no hay argumentos para avanzar en esos juicios. “Nadie puede alegar un derecho adquirido en base a ninguna ley sustituida en relación a una nueva ley”, aseguró en su canal de youtube. Por otro lado, consideró como punto clave la sanción de la Ley de Emergencia. “Hay una jurisprudencia de la Corte Suprema que habla de que la emergencia es válida cuando haya sido declarada por el Congreso y cuando existan causas fundadas, que a mi modo de ver las hay: el país está en default y el gasto previsional es de 3 billones de pesos anuales, contra un presupuesto de 6 billones para 2020. Son 50 mil millones de dólares y las exportaciones con suerte llegan a 80 mil. Y encima las jubilaciones están indexadas, lo que dificulta bajar el déficit para demostrar a los acreedores que podemos pagar la deuda”, aseguró.
Fuente: Página12
