El Gobierno provincial solicitó a la Justicia federal que la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros se constituya como querellante particular en la causa conocida como “Masacre de Napalpí”, a fin de ser parte activa de este proceso inmerso dentro de los llamados “Juicios por la Verdad”.
A partir de este pedido, el Estado chaqueño busca establecerse como un partícipe activo durante el proceso judicial que se realizará a partir del requerimiento de la fiscalía de Juicio por la Verdad, debido a que se entiende que la Masacre de Napalpí constituye un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado Argentino. De esta manera, se podrá intervenir con pruebas fehacientes de los hechos, facilitar los medios para garantizar la producción de testimonios, realizar recomendaciones, y otros tipos de aportes como la apertura de los archivos provinciales, que estarán a disposición del juicio.
“Entendemos que es fundamental presentarnos como querellantes, a fin de generar una instancia en la cual se recupere la Memoria, la Verdad y la Justicia, buscando ampliar el campo de los derechos humanos y tomar al genocidio indígena como un eje central para alcanzar esas metas. Esto representa un reconocimiento histórico, que permite sin dudas una transformación en el presente, tendiendo a una sociedad menos racista y más plural, inclusiva y equitativa”, destacó la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez.
Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, explicó que “lo que pedimos es ser parte de la causa, ya que hoy en día no lo somos. Nos parece fundamental por varias cuestiones: el compromiso con la verdad histórica, el reconocimiento de cuáles fueron los hechos; y una reparación hacia las comunidades y sus víctimas”.
En esta línea también se mantiene el Fiscal Federal Ad Hoc en Derechos Humanos, Diego Jesús Vigay, quien sostiene que la decisión “es importante, porque consolida y confirma un compromiso que se ha tenido en otras causas de lesa humanidad. Creo que la relevancia del Juicio por la Verdad que se propone reside en la reparación que se intenta a partir de que se puedan conocer todos los hechos, testimonios y documentos de la causa. Esa reconstrucción de la verdad forma parte de esta reparación”.
El pedido formulado por las áreas gubernamentales responde a una decisión política que se viene desarrollando desde los últimos 13 años, realizando acciones tendientes a lograr la recuperación de la memoria histórica, la búsqueda de la verdad, y la redignificación de las víctimas y las etnias a las que pertenecían.
La primera de estas acciones se dio en enero de 2008, cuando el gobernador Jorge Capitanich firmó el pedido de perdón en nombre del Estado chaqueño a los pueblos originarios por la masacre. A partir de entonces, desde el 19 de julio de 2008, se conmemora en el Chaco el Día de reafirmación de los Derechos de los Pueblos Originarios.
Esto tiene su complemento con la reciente inauguración por el 97º aniversario de la masacre del Sitio Histórico Nacional Memorial Napalpí, construido en el lugar del hecho y representando un hito histórico, debido a que constituye el primero del país en el cual se reconocen crímenes de lesa humanidad cometidos durante el genocidio indígena.
En esa oportunidad, el gobernador Capitanich expresó: “Queremos ratificar nuestro sentido de independencia histórica, y por eso nos comprometemos a ser querellantes particulares en la causa, por un acompañamiento e involucramiento activo y directo. Esto significa un compromiso del Estado provincial que es congruente con el compromiso del Estado nacional para con la búsqueda de la verdad, independientemente del tiempo transcurrido”.
LOS HECHOS.
La colonia Napalpí se había convertido en un sitio de concentración de indígenas de varias naciones, aprovechando el trabajo que daba la tierra y el algodón. En base a reconstrucciones y relatos orales aportados por las y los sobrevivientes, se conoce que durante la mañana del 19 de julio de 1924 un avión que partió del Aero Club Chaco sobrevoló la zona, arrojando primero golosinas y masitas para atraer a la gente, continuando luego con una lluvia de balas mortales. Al mismo tiempo, unos 130 hombres armados y a caballo – pertenecientes a las fuerzas nacionales de Gendarmería y policía – se desbordaban en tierra dando muerte a los sobrevivientes. Durante 45 minutos, los efectivos descargaron más de 5.000 balas de fusil.
La cantidad de víctimas se estima entre 300 y 400, entre indígenas y cosecheros de Corrientes, Santiago del Estero y Formosa, donde el 90% de los fusilados eran Mocoví y Toba. Hubo especial saña contra la población indígena, especialmente contra sus líderes. Se estima que algunas niñas y niños lograron escapar. Varios de ellos fueron entregados como sirvientes en Quitilipi y Machagai, mientras que otros murieron en el camino.
