El 19 de julio de 1924 fuerzas de seguridad y sectores civiles perpetraron una de las más sanguinarias y crueles masacres contra los pueblos indígenas que reclamaban por mejores condiciones de trabajo, estaban cansados de ser explotados y utilizados como esclavos por los latifundistas de la zona, durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear.
“La responsabilidad del Estado es doble. Por un lado, debía protegerlos de la explotación laboral que sufrían a manos de los poderes económicos; y por otro utilizó su fuerza para sostener el modelo de exclusión y explotación que vivían los indígenas”, enfatizó Segovia, al tiempo que añadió: “Como expresa siempre el gobernador Domingo Peppo hoy más que nunca es necesario aprender de Napalpi. El Estado nunca debe estar del lado de los poderes económicos utilizando las fuerzas de seguridad para imponer las condiciones en contra de los derechos de los trabajadores, mujeres y pueblos indígenas. Esta es la condición necesaria para que fortalezcamos la democracia. Es tiempo de aprender de la historia”.
Segovia sostuvo: “La resistencia y memoria de las comunidades indígenas son la fuerza que motoriza la lucha y los reclamos, que mantiene viva la lengua y la cultura, que rescata los valores ancestrales y el respeto por la naturaleza y son como dice el Papa Francisco: ‘memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos: cuidar la casa común”.
La masacre de Napalpí se encuentra siendo analizada en el Expediente n° 910/24, en el Juzgado Federal de Resistencia, a cargo de la Dra. Zunilda Niremperger próxima a dictarse sentencia por Lesa Humanidad contra los pueblos Qom y Mocoví. “Ello contribuye al reconocimiento de los reales Derechos Humanos, así como ocurrió con el fallo dictaminado con el pueblo Pilagá, en Rincón Bomba”, finalizó el subsecretario Julio García, quien fue uno de los abogados querellantes en el último caso mencionado.
