Texto multiplicó dudas en algunos que apoyaban la iniciativa para quebrar a la actual Corte porque muta ciertos conceptos. Cautela en el Senado y epopeya para Diputados.

Fin del misterio. El proyecto oficial para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros a, ingresó ayer al Senado con los bríos que le otorgó el apoyo de un grupo de gobernadores peronistas pero con una redacción que abre interrogantes y un contexto político que lo deja con pronóstico reservado.
La iniciativa que había sido monitoreada especialmente por Cristina de Kirchner a fines del año pasado se cristalizó en un breve articulado cuya primera omisión es llamativa: no se menciona la cuestión “federal” en su composición, la principal zanahoria que había atraído a los mandatarios provinciales que se frotaban las manos ante la chance de que los nuevos jueces fueran propuestos por ellos. Escuetamente, se modifican los actuales 5 miembros a 25 pero no tienen una distribución particular.
“Una ley especial determinará el modo de organización y funcionamiento de la Corte”, indica una oración que delega hacia adelante cómo se integrará el tribunal que vislumbra la Casa Rosada y un puñado de mandatarios del PJ.
Lo que sí quedó confirmado fue el adelanto de este diario cuando Alberto Fernández convocó a los gobernadores nucleados en el Consejo Federal de Inversiones (CFI): los eventuales nuevos jueces se integrarán de manera paulatina y no necesariamente tendrán que estar los 21 nuevos nombres para que se altere la fisonomía actual del máximo Tribunal.
Esto es clave para apurar los nombramientos que se puedan y así romper el bloque de mayoría que hoy tiene la Corte, objetivo político primario del proyecto. Sin mínimos ni máximos, se prevé que las decisiones sean por mayoría absoluta de los miembros que estén al momento de tomar una decisión.
No figura en el articulado ni una distribución por provincias, ni por regiones, y ni siquiera una integración mínima por género, uno de los reclamos que habían motivado la discusión inicial por la ampliación de la Corte.
Tampoco está encunciada siquiera, y fue dejada de lado, la posibilidad de una división en salas, algo con lo que se había especulado en la redacción inicial pero que podía ser desechado ante el riesgo que implica (desde el punto de vista jurídico) que pueda ser tildado de inconstitucional.
El artículo 3 parte de una obviedad: los actuales miembros -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti “conservarán sus cargos como estipula el artículo 110 de la Constitución”. Salvo juicio político y remoción con los dos tercios se hace imposible otra vía.
Fuente:Ámbito